El uso de cámaras corporales por parte de la policía de Baden-Württemberg está regulado por el artículo 44 de la Ley de Policía. Esta ley establece unas condiciones marco claras en las que la policía puede realizar grabaciones de imagen y sonido para garantizar la seguridad pública y prevenir delitos. ## Uso de cámaras corporales para la prevención de riesgos
Un punto especialmente importante de la ley es el uso de cámaras corporales para la prevención de riesgos y la persecución de delitos. La policía puede recopilar datos mediante grabaciones de imagen y sonido con dispositivos de grabación que se llevan cerca del cuerpo (cámaras corporales) cuando se llevan a cabo medidas para prevenir riesgos o perseguir delitos o infracciones administrativas con el fin de evitar un peligro. En viviendas, esto solo está permitido para evitar un peligro urgente para la vida o la integridad física de una persona. Sin embargo, esta restricción no se aplica a los locales de trabajo, las instalaciones industriales o los locales comerciales. La recopilación de datos personales también está permitida cuando es inevitable que afecte a terceros.
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Particularidades de la ley Protección de la esfera privada Las grabaciones que afecten al ámbito privado de la vida personal no están permitidas y deben interrumpirse y borrarse inmediatamente si se detectan indicios de ello durante la medida. Estos datos no pueden ser utilizados.
Plazos de almacenamiento y pregrabación Los datos solo podrán almacenarse durante más de 60 segundos si es necesario para proteger a los agentes de policía u otras personas contra un peligro para su integridad física o su vida. En caso contrario, los datos deberán borrarse inmediatamente. Solo se permite un almacenamiento más prolongado y un tratamiento posterior en determinadas condiciones. Obligación de informar y plazos de borrado
La policía debe informar de la observación y la grabación mediante transmisión de imagen y sonido cuando esto no sea evidente. Las grabaciones deben borrarse inmediatamente, a más tardar en un plazo de cuatro semanas, a menos que sean necesarias para la persecución de delitos o infracciones administrativas graves, para hacer valer derechos o para proteger derechos privados. Aunque haya terceros afectados, se permite el tratamiento posterior de los datos. Una infracción administrativa se considera grave cuando existe un riesgo de daño considerable o cuando afecta a un interés público importante.
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